San Juan, 2 dic (Prensa Latina) El arresto del empresario Mario Villegas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos dejó hoy en evidencia la corrupción que entrelaza a la empresa privada con la administración pública en Puerto Rico.
Los agentes del FBI literalmente madrugaron para apresar al vicepresidente de la empresa JR Asphalt en su hogar en Gurabo (región centro septentrional), que tiene contratos, entre otros, con el municipio de Cataño, cuyo alcalde Félix Delgado dimitió al filo de la medianoche del martes arropado por el escándalo.
El ejecutivo municipal se declaró culpable de corrupción en una comparecencia en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos durante una audiencia ante el magistrado federal Raúl Arias Marxuach, luego de alcanzar un acuerdo con la fiscalía federal.
El exalcalde quedó en libertad sin fianza con el compromiso de estar disponible cuando se le requiera por las autoridades federales, mientras que el juez Arias Marxuach programó la sentencia para el 8 de marzo de 2022, cuando podría ser condenado a cinco años de cárcel.
Como parte del acuerdo con la fiscalía federal Delgado, estrella ascendente del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), pro anexión total de Puerto Rico a Estados Unidos, debió entregar 105 mil 820 dólares en efectivo y al menos seis relojes de lujo Rolex y Vacheron Constantin, con un coste global aproximado de 200 mil dólares, a cambio de contratos.
El arresto del vicepresidente de JR Asphalt sorprendió a los periodistas, ya que todo el tiempo se habló de la compañía Waste Collection, que hasta hace unos días presidió el abogado Oscar Santamaría, que se considera parte del esquema.
El jefe de la fiscalía federal de Estados Unidos en Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, detalló que el exalcalde recibió 70 mil dólares el 14 de diciembre de 2020, siete mil 840 el 2 de febrero de 2021 y 17 mil el 8 de junio último, mas no quiso ofrecer detalles de la actividad de Santamaría y su empresa.
Ambos empresarios tienen estrechos vínculos con el PNP, organización con un largo historial de corrupción desde mediados de la década de 1990, cuando advino a la gobernación de Puerto Rico el médico Pedro Rosselló, quien puso en marcha el neoliberalismo con la privatización de los servicios públicos.
«El propósito era enriquecerse ilegalmente asegurando contratos para su compañía mediante el pago de sobornos para el exalcalde», dijo el fiscal federal.
El gobernador Pedro R. Pierluisi, presidente del PNP, manifestó parcamente que el alcalde de Cataño «le falló al pueblo» luego de que se declarara culpable en el foro federal de conspiración, soborno y de un esquema de fraude, por el que se enriqueció de manera ilícita.
«No hay justificación alguna para los actos delictivos objeto de la alegación de culpabilidad del exalcalde», dijo el mandatario en declaraciones escritas divulgadas por La Fortaleza, sede del ejecutivo.
Remató que en su administración «no hay tolerancia ni habrá espacio para conducta que no esté a la altura de lo que espera el pueblo de nosotros».